María José Pizarro afirma que Efraín Cepeda, presidente del órgano legislativo, pretende eludir un fallo judicial y burlar la justicia.

La decisión responde a la persecución registrada durante las protestas pacíficas que rechazan la Ley 462, la apertura de la mina de cobre en Donoso y la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.

En medio de un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, trabajadores de diversos sectores se congregaron frente al Congreso argentino.

Las protestas de los sindicatos y los movimientos sociales exigen la derogación de la Ley 462.

También rechazan la reapertura de la mina de cobre en Donoso y exigen la anulación del memorándum de entendimiento con EE.UU., lesivo a la soberanía nacional.

La Asamblea de Organizaciones Sociales guatemalteca manifestó su rechazo resaltando que “sin estudiantes no hay USAC», esto tras la expulsión de varios estudiantes.

Los habitantes de Arimae denuncian que las acciones militares responden a órdenes directas del Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad.

Denuncian que la Policía Nacional instaló un cerco represivo e impide ingreso comida y medicinas para la población.

Como primeras acciones, los gremios convocan a una gran marcha nacional el 28 de mayo de 2025, que partirá desde el Parque Porras hacia la Asamblea Nacional, donde se entregará un anteproyecto de derogatoria de la ley.

Horas atrás, el Ejecutivo de Mulino canceló la personería jurídica de la cooperativa de servicios de Suntracs por presuntas violaciones a normas financieras para prevenir el lavado de dinero.